CAMBIO PARA LAS SOCIEDADES CIVILES EN 2016

La Reforma Fiscal, establece que las Sociedades Civiles con objeto mercantil pasarán atributar a partir del 01/01/2016 en el Impuesto de Sociedades. Un cambio muy importante para este tipo de entidades. 

Hasta ahora, y de conformidad con la redacción del artículo 7.1 a) de la Ley del Impuesto de Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, son sujetos pasivos de este impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español, las personas jurídicas, con una excepción, las sociedades civiles.

A partir del año 2016, las Sociedades Civiles que tengan un objeto mercantil que vienen tributando en Régimen de atribución de rentas, pasarán a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo del 25%. 

Deberemos entender que se realiza actividad mercantil cuando se prestan servicios o venden productos en relación con el mercado, es decir, cuando existe una actividad comercial. Por ejemplo, una Sociedad Civil Profesional, SCP, se entenderá que realiza una actividad mercantil y, como consecuencia, estará sujeta a esta modificación.

Las sociedades civiles, como lo seguirán haciendo aquellas que no desarrollen una actividad mercantil, tributaban mediante un sistema de atribución de rentas por el que cada uno de los socios tributaba, conforme con su régimen personal, las rentas que recibía obtenidas por la actividad de la sociedad civil.

Así, si un socio era persona física residente tributaba a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) lo que obtenía por su participación en la Sociedad Civil.De este modo, las rentas recibidas eran incorporadas a la declaración individual de los socios, no teniendo la sociedad civil que llevar a cabo una declaración tributaria propia por los beneficios obtenidos.

Como todo cambio tributario, es complejo realizarlo e implementarlo de un día para otro, por lo que se requiere incorporar un régimen transitorio en el IRPF que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del IRPF a contribuyentes del IS.

Como opciones posibles, se tiene la aceptación del nuevo régimen tributario, adaptando la contabilidad y tributación al mismo, o en su caso, disolver la sociedad civil a fin de finalizar la actividad o retomarla pero con otra forma societaria que nos resulte más beneficiosa para la actividad desarrollada en nuestro caso.

A los socios de estas entidades, se les da la opción de disolverse si adoptan el acuerdo en los primeros 6 meses de 2016, con un Régimen Especial de Diferimiento.

En estos casos, acordada por la entidad su disolución y liquidación se continuará aplicando el régimen de atribución de rentas hasta la liquidación sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.

Para ello, y como requisito imprescindible, la sociedad civil debe disolverse, adoptándose en el primer semestre de 2016 el acuerdo de disolución, extinguiéndose con ello la sociedad civil en el plazo de 6 meses desde que se adopte el acuerdo y en consecuencia desapareciendo la sociedad civil antes de acabar el año 2016.

Los socios que a partir de Enero de 2016 pasen a tributar por Sociedades, que tengan pendientes de aplicar saldos de deducciones por incentivos a la actividad económica, podrán seguir deduciéndolos en los mismos términos que venían haciéndolo. 

Como los socios no pueden tener nómina en la sociedad ni emitir una factura contra la misma por los servicios prestados, las cantidades que perciban de la Sociedad Civil entendemos que tendrá consideración de dividendos aunque habrá que esperar a que concreten más sobre esta nueva norma. 

Quien se decide a constituir una Sociedad Civil, tiene menor coste de constitución, una mayor simplicidad en la gestión contable y tributaria, permite acceder a ventajas para emprendedores como la capitalización de la prestación por desempleo y posible subvenciones de establecimiento como autónomo. Además es posible cotizar por la cuota mínima del Régimen de Autónomos y aplicar la “tarifa plana” cumpliendo los requisitos.

Reforma de la ley tributaria

El pasado 22 de septiembre publicó el BOE la nueva reforma de la Ley General Tributaria (LGT), las principales novedades de la norma figura la que permite, por razones de interés general, dar publicidad de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas. La primera lista de deudores con

Hacienda estará disponible a final de este año, respecto a aquellos que a 31 de julio de 2015 mantuvieran una deuda superior al millón de euros.

Posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se publicará un listado con aquellos que estén en dicha circunstancia el 31 de diciembre del año previo.

La norma concede a los interesados un trámite de alegaciones con carácter previo a la publicación de la lista, pero solo para corrección de errores materiales.

NUEVA SANCION POR CONDUCTA FRAUDULENTA

Como nueva norma anti abuso, y de acuerdo con el Consejo de Estado, se introduce en la LGT una nueva infracción tributaria grave con el fin de profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto por las normas tributarias.

Así, será sancionable la obtención de un ahorro fiscal mediante actos que ya han sido declarados por la Administración como de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Se podrá sancionar exclusivamente en los casos ya calificados previamente como abusivos por la Administración, y en donde se haya dado reiteración.

REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD

Con este objetivo se amplía la facultad de los órganos de la Administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante.

También se prevé en la norma el desarrollo reglamentario de las obligaciones formales necesarias para hacer efectivo el Proyecto SII (Suministro Inmediato de Información) que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017. Se trata de los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se pueda efectuar por medios telemáticos.

El Proyecto del SII de la Agencia Tributaria implantará un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales. Después de cada facturación, los contribuyentes enviarán a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas emitidas y recibidas, donde los libros registro se irán formando con cada uno de los envíos del detalle de las operaciones realizadas, la llevanza electrónica de los libros.

POTESTAD DE INVESTIGACION

Por otra parte, la norma regula el procedimiento para liquidar administrativamente deudas tributarias aun cuando se aprecien indicios de haberse cometido un delito fiscal, y se adapta el procedimiento de recaudación de dichas deudas. Esta posibilidad se estableció en la reforma del delito contra la Hacienda pública aprobada en la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, con el objetivo de no paralizar la gestión de la liquidación tributaria ni el pago de la deuda por el hecho de la remisión del tanto de culpa por delito a las autoridades judiciales.

La reforma de la LGT amplía también las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Se fija un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.

También se mejora la regulación del método de estimación indirecta de las bases imponibles, especificando legalmente el origen de los datos a utilizar y su plena aplicabilidad tanto para la determinación de ingresos (ventas) como de los gastos (compras). Ello dota a la Administración tributaria de un mejor instrumento contra la economía sumergida.

PUBLICIDAD DE SENTENCIAS POR DELITO FISCAL

Esta norma, complementaria de la de reforma de la Ley General Tributaria, permite que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública.

Con este fin, la norma reconoce el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias que sean especialmente relevantes para el control fiscal. Estas son,
básicamente, las que incluyen delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible y delitos de contrabando, en los casos en que resulte perjudicado el erario público.

La publicidad afectará sólo a sentencias firmes y no podrán publicarse fallos contra los que se pueda recurrir. La publicación de la sentencias no será completa; únicamente se podrán conocer aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad buscada. De esta manera, se respetan los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos de carácter personal. Tampoco aparecerán los datos de otras personas que, aunque hubieran podido participar en el proceso, no hayan sido condenadas en el mismo.